INTIFADA ELECTRÓNICA

Primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y ministro de defenza Beni Gantz

La CPI lanza una investigación sobre crímenes de guerra en Palestina

Maureen Clare Murphy
Derechos y responsabilidad
3 de marzo de 2021

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que probablemente será examinado como parte de la investigación de la CPI, calificó al tribunal de «antisemita».

[Reuven CastroUPI]

La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación formal sobre crímenes de guerra en Cisjordania y la Franja de Gaza, confirmó el miércoles la fiscal principal Fatou Bensouda.

El anuncio de Bensouda fue recibido como «un día histórico en la campaña palestina de décadas por la justicia internacional y la rendición de cuentas» por los grupos palestinos de derechos humanos que lideran esos esfuerzos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien probablemente será sometido al escrutinio de la CPI, calificó la investigación como «la esencia del antisemitismo».

El anuncio de la CPI de una investigación se produjo menos de un mes después de que un panel de jueces confirmara que la jurisdicción territorial del tribunal se extiende a los territorios palestinos bajo ocupación militar israelí.

En diciembre de 2019, Bensouda concluyó una larga investigación preliminar, afirmando que se habían cumplido los criterios para las investigaciones de crímenes de guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza.

La investigación de la CPI cubrirá los crímenes cometidos desde junio de 2014, cuando la situación en Palestina fue remitida al tribunal internacional.

[«Obligado a actuar»]

Bensouda afirmó que su oficina «establecerá prioridades» para la investigación «a la luz de los desafíos operativos que enfrentamos debido a la pandemia, los recursos limitados que tenemos disponibles para nosotros y nuestra gran carga de trabajo actual».

Agregó que en situaciones en las que el fiscal determina una base razonable para investigar, la fiscalía «está obligada a actuar».

El próximo paso de la corte será notificar a Israel y las autoridades palestinas, permitiendo que cada Estado Parte lleve a cabo investigaciones relevantes «de sus propios ciudadanos u otros dentro de su jurisdicción» en relación con los crímenes que caen bajo el mandato de la CPI.

La CPI cede a las investigaciones internas de un país, cuando existen, bajo el principio de complementariedad que sostiene que «los Estados tienen la responsabilidad y el derecho primordiales de enjuiciar los crímenes internacionales».

Israel tiene un sistema de auto-investigación, aunque descrito por B’Tselem, un grupo líder de derechos humanos en el país, como un mecanismo de blanqueo que aísla a los líderes militares y políticos de la rendición de cuentas.

A fines de 2019, Bensouda declaró que la evaluación de su oficina «del alcance y la autenticidad» de los procedimientos internos de Israel «sigue en curso en esta etapa».

Sin embargo, había «llegado a la conclusión de que los posibles casos relacionados con crímenes presuntamente cometidos por miembros de Hamas y los grupos armados palestinos [grupos armados palestinos] serían actualmente admisibles».

En su declaración del miércoles, Bensouda dijo que la evaluación de la complementariedad «seguirá en curso» y sugirió que el asunto puede ser deliberado por un panel de jueces en una sala de instrucción.

Dado que la empresa de asentamientos de Israel en Cisjordania es una política estatal sin ambigüedades respaldada por sus miembros de gobierno de más alto rango, probablemente será un foco principal de la investigación de la CPI.

Al igual que la cuestión de la jurisdicción territorial, la complementariedad probablemente será un gran obstáculo para la investigación del tribunal en Palestina.

[«Máxima urgencia»]

Acogiendo con beneplácito el anuncio de Bensouda el miércoles, los grupos palestinos de derechos humanos instaron a «que no haya demoras indebidas y que se aplique la máxima urgencia».

Pero Bensouda fijó la expectativa de que los procedimientos no fueran expeditos, afirmando que «las investigaciones toman tiempo y deben basarse objetivamente en hechos y leyes».

Pidió paciencia a «las víctimas palestinas e israelíes y las comunidades afectadas», y agregó que «la CPI no es una panacea».

Al aludir a un argumento de los aliados de Israel de que una investigación pondría en peligro futuras negociaciones bilaterales, Bensouda dijo que «la búsqueda de la paz y la justicia debe verse como imperativos que se refuerzan mutuamente».

Bensouda dijo el miércoles que el tribunal centrará «su atención en los presuntos infractores más notorios o en los presuntos responsables de la comisión de los crímenes».

Bensouda mencionó las promesas de campaña electoral de Netanyahu de anexar tierras en Cisjordania en su solicitud a la sala de instrucción sobre jurisdicción territorial.

Los medios informaron que el gobierno israelí tiene una lista de cientos de funcionarios que podrían ser investigados y procesados por el tribunal, que juzga a individuos, no a estados.

Los funcionarios israelíes afirman que algunos estados miembros de la CPI «han acordado advertir por adelantado a Israel de cualquier intento de arrestar» a sus ciudadanos al llegar a sus países.

Proporcionar pistas que podrían permitir a los sospechosos escapar de la investigación o el arresto probablemente violaría las obligaciones que tienen los estados miembros en virtud del Estatuto de Roma fundacional de la CPI de cooperar con el trabajo de la corte.

[Presión política]

El miércoles, Bensouda dijo que «contamos con el apoyo y la cooperación de las partes [Israel y los grupos armados palestinos], así como de todos los Estados.

[«Partes del Estatuto de Roma»]

La CPI, sin embargo, se verá sometida a una tremenda presión política a medida que estados poderosos como Estados Unidos, Canadá y Australia se opongan a cualquier investigación sobre su aliado Israel.

El año pasado, Canadá hizo una amenaza apenas velada de retirar el apoyo financiero a la CPI en caso de que procediera con una investigación.

La administración Trump en Washington impuso sanciones económicas y restricciones de visa a Bensouda y a los miembros de su personal.

Las medidas extremas colocan al personal judicial en compañía de “terroristas y narcotraficantes” o individuos y grupos que trabajan en nombre de países sancionados por Estados Unidos.

Si bien el presidente Joe Biden ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que revierten las medidas de su predecesor, el nuevo líder estadounidense ha permitido que se mantengan las sanciones de la CPI.

En medio de la presión para levantar las sanciones, la Casa Blanca solo promete «revisarlas a fondo».

Durante su primera llamada telefónica con el presidente Biden, Netanyahu instó a que las sanciones permanezcan vigentes.

Mientras tanto, Israel ha dirigido su vitriolo contra los defensores de los derechos humanos palestinos, en particular aquellos comprometidos con los mecanismos de justicia internacional como la CPI.

Sus tácticas han incluido «arrestos arbitrarios, prohibiciones de viajar y revocaciones de residencia, así como ataques a organizaciones palestinas de derechos humanos, incluidas redadas».

Balkees Jarrah, director asociado de Human Rights Watch, declaró el miércoles que «los países miembros de la CPI deben estar preparados para proteger ferozmente el trabajo de la corte de cualquier presión política».

Jarrah agregó que «todos los ojos también estarán puestos en el próximo fiscal, Karim Khan, que tomará el relevo y avanzará rápidamente mientras demuestra una firme independencia en la búsqueda de hacer rendir cuentas incluso a los más poderosos»

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Traducción de Raúl Racedo

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